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Una manifestación estudiantil en la capital de México, el 2 de
octubre de 1968, se convirtió en una escena de terror.
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El movimiento
estudiantil fue el que asumió el liderazgo de las luchas
sociales de los mexicanos en 1968. |
A 40 años de la matanza de Tlatelolco, los responsables
murieron o se hicieron viejos, pero ninguno ha pagado ante la justicia
la brutal represión ocurrida el 2 de octubre de 1968 contra
estudiantes mexicanos que dejó al menos 44 muertos, según cifras
oficiales.
La impunidad es la línea que une a
estos 40 años en los "que no se ha logrado ni en el tiempo moderno,
ni con la experiencia lamentable y la llaga abierta del movimiento del
68, terminar o disminuir a niveles más lógicos de la impunidad que
vive el país" dijo a la AFP José Antonio Ibáñez, coordinador del
programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
El 2 de octubre de 1968 a las 18:00
cientos de militares mexicanos dispararon contra los manifestantes
cuando unos 8.000 integrantes del movimiento estudiantil se
encontraban reunidos en la plaza de Las Tres Culturas (o Tlatelolco)
en la capital mexicana.
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2 de octubre: estudiantes
convocan un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco
para exigir más libertades políticas.
Corean consignas como
“No estamos todos, faltan los presos”, “queremos
escuelas no balas”, “gobierno represor que matas
estudiantes” y “queremos democracia”.
La plaza se llena de
efectivos policiales y militares. Los helicópteros sobrevuelan
la multitud. Una unidad especial, el Batallón Olimpia, se ubica
en uno de los edificios.
Los funcionarios
comienzan a disparar...
Según las cifras
oficiales, murieron 30 personas, pero de acuerdo con
organizaciones de derechos humanos fueron 300.
Días posteriores, la
prensa publica la explicación del gobierno: “El gobierno actuó
apegado a la Constitución”.
El país es gobernado
por Gustavo Díaz Ordaz, quien estará en la presidencia hasta
1970.
Al mando de la
secretaria de la gobernación (Ministerio del Interior) está Luis
Echeverría, quien será el sucesor de Díaz Ordaz en la
presidencia de México. |
La refriega duró hasta la medianoche
dejando un número aún indeterminado de muertos entre estudiantes,
vecinos, militares y policías, así como 2.360 personas detenidas.
La madrugada del 3 de octubre de 1968
un vocero de la presidencia informó que había 20 muertos y 70 heridos,
pero los medios internacionales y la CIA registraron en su
momento unos 300 decesos y tiempo después el entonces presidente
Gustavo Díaz Ordaz dijo que fueron entre 30 y 40 fallecidos.
Los cinco presidentes del Partido
Revolucionario Institucional (PRI, 1929-2000) que le siguieron
mantuvieron un hermetismo total sobre la masacre y sólo en 1998 se
formó una comisión legislativa que llamó a declarar, sin mayores
repercusiones, a Luis Echeverría, ministro del interior en 1968 y
después presidente de México.
"La investigación más cuidadosa es
la que hizo Kate Doyle de The National Security Achive de Estados
Unidos que logró documentar 44 casos" dijo, por su parte, el
investigador y promotor de la defensa de los derechos humanos, Sergio
Aguayo.
La fiscalía Especial para Movimientos
Sociales y Delitos del Pasado, creada en 2003 por el gobierno de
derecha de Vicente Fox, investigó el caso.
Como resultado del trabajo de la
fiscalía, el ex presidente Luis Echeverría es el único que enfrenta un
arresto domiciliario por su avanzada edad, pero no por los hechos del
68, sino por la llamada guerra sucia de los años 70.
Díaz Ordaz murió en 1970, mientras
que Echeverría por su edad "había perdido el sentido de la realidad
y hoy la perdió ya en serio", dice Jacinto Rodríguez, autor de
"1968: todos los culpables", un texto que salió a la venta esta
semana.
"La mayoría de los militares
involucrados ya están muertos, ya murió el (entonces) secretario de la
Defensa Nacional, Marcelino García y muchos otros", agrega.
La fiscalía trató de fincar a
Echeverría responsabilidades por el delito de genocidio, pero fue
incapaz de acreditarlo jurídicamente.
"Fox obstaculizó a la fiscalía y se
comprometió con el viejo régimen para darle una amnistía de facto",
aseguró Aguayó.
Esta fiscalía especial fue disuelta
en 2006 y el seguimiento de los hechos de 1968 se relegó a una
instancia de segundo nivel en la Procuraduría General de la República
(PGR).
"El gobierno de (Felipe) Calderón no
habla de eso, no creo que esté dispuesto a colaborar" y la evidencia
de ese desinterés es que los archivos de la ex fiscalía están
desaparecidos y la PGR niega toda información al respecto, agrega
Aguayo.
Sin embargo, los mexicanos aún pueden
buscar "una justicia a partir de una verdad histórica y saldar la
herida con la sociedad", sostiene Rodríguez.
En términos legales los delitos han
prescripto, pero no caducaron ni social ni moralmente, y por eso una
comisión de la verdad sería lo más adecuado, coinciden especialistas.
Pero también están de acuerdo en que
son escasas las posibilidades de que prospere durante el gobierno de
Calderón, cuando el ejército está nuevamente en las calles por el
combate al crimen organizado, en una guerra que sólo en 2008 ha dejado
más de 3.000 muertes. |
