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Universidad Viernes, 22 de Febrero de 2008
CONFLICTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
Todo
un gremio cesanteado
La
Conadu Histórica denunció que el rector de la UNLaR despidió a más de
200 docentes, incluidos todos los dirigentes del sindicato.
Por Julián Bruschtein
El
sindicato nacional de los docentes universitarios Conadu Histórica
denunció al rector de la Universidad Nacional de La Rioja por
“persecución gremial”. La acusación apunta contra Enrique Tello
Roldán, a quien responsabilizan de “cesantear a toda la comisión
directiva” del gremio local (ARDU), dentro de una medida que afectó a
más de 200 profesores. Los docentes lanzaron una “campaña de
solidaridad”, se reunieron con representantes de la gobernación
provincial, con el intendente de la capital provincial y con
autoridades eclesiásticas, sin resultados por ahora. En los próximos
días recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso
extraordinario.
La secretaria general de
ARDU, Estela Cruz, afirmó a Página/12 que “la situación en la
Universidad de La Rioja es inaceptable. Tello Roldán desmembró el
gremio a su antojo, escudado en la autonomía universitaria”. El
conflicto entre el gremio y el rector viene de hace años y llegó a su
pico máximo en diciembre pasado, cuando “a los dos integrantes de la
comisión que cesanteó en agosto del año sumó a cuatro más. Antes de
terminar el año echó a dos delegados más y en enero casi terminó con
su trabajo, porque solamente quedó una integrante de la comisión
revisora de cuentas”, explicó Cruz.
La historia de
enfrentamientos tiene casi tantos años como los que el rector lleva
desempeñando el cargo. Tello Roldán es la única autoridad académica
que lleva más de quince años al frente de una universidad nacional,
con seis reelecciones consecutivas. Ya en 1999, los docentes habían
elevado una denuncia por irregularidades en el manejo de los fondos de
la UNLaR. En agosto pasado denunciaron que había comenzado a “bajar
las dedicaciones docentes de los representantes gremiales. Ese fue el
primer paso para arremeter contra nuestra organización”, aseguró la
docente y gremialista.
Desde la UNLaR, el decano de
Ciencias Sociales, José Chumbita, estimó que las acusaciones eran
“infundadas”, “como ya lo demostró la Justicia”, y apuntó al carácter
de contratados de los cesanteados: “Los docentes interinos no tienen
vocación de estabilidad por más que existan sucesivas designaciones.
En este caso la exclusividad de la continuidad la tiene la
universidad, que define las designaciones. También el fallo de la
Cámara Federal de Córdoba dice que por sí sola la inmunidad gremial no
garantiza la continuidad. Lo que sí se reconoce es que mientras se
extienda el período de contratación no se puede modificar la
categoría”, dijo. Respecto de las bajas de categoría que denunció ARDU,
Chumbita afirmó que “a partir de la nueva conformación de autoridades
en julio del año pasado (Tello Roldán fue reelecto por sexta vez, sin
oposición), se definió una reestructuración en la planta docente. Los
que cumplían con los requisitos, las cargas de investigación y
extensión mantuvieron sus categorías”.
La situación es “muy
alarmante. El problema es que la actual Ley de Educación Superior le
permite a Tello hacer lo que se le ocurra y esto no puede seguir así”,
afirmó Claudia Bagorria, secretaria general de la Conadu Histórica,
uno de los tres sindicatos docentes universitarios. “Si la cesantía de
casi toda la comisión directiva no es persecución ideológica
manifiesta, ¿qué es?”, preguntó Baigorria. Con ese argumento el gremio
presentó amparos ante la Justicia y “con el equipo de abogados de la
CTA ya estamos elaborando un pedido de recurso extraordinario a la
Corte Suprema”. A su vez iniciaron una campaña en la que mantuvieron
reuniones con “el gobierno de la provincia, con el obispo de La Rioja
y presidente de la pastoral universitaria, Roberto Rodríguez, y con la
senadora Teresita Quintela (PJ). Ella se comprometió a elevar un
informe el 26 de febrero en el Senado y gestionar una audiencia con la
Presidenta –dijo Cruz–, pero acá lo más grave es que el Ministerio de
Trabajo no movió un dedo, guardó silencio desde el inicio del
conflicto”. |
