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Ordenan pagar lucro cesante a un docente cesanteado de la UNLAR

El Independiente, La Rioja: Locales

     La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, modificó un fallo de primera instancia, ordenó a la UNLAR pagar lucro cesante a un docente y declaró “arbitraria e ilegítima la omisión de la Universidad de pronunciarse sobre la situación de revista” del denunciante Julio Cesar Ruiz. Hoy el gremio ARDU hará pública la resolución.

     En el mismo resolutivo, el Tribunal formula duras consideraciones sobre la función administrativa en la casa de estudios a la que califica de “violatoria de derechos o garantías constitucionales en forma flagrante, manifiesta o grosera...”

     El Tribunal de alzada estuvo presidido por el Dr. Ignacio María Vélez Funes e integrada por el Dr. Gustavo A. Becerra Ferrer y resolvió por vía de apelación la acción de amparo planteada por el docente Julio Cesar Ruiz en contra de la Universidad Nacional de la Rioja.

     El profesor Ruiz inició acción de amparo en contra de la Universidad reclamando que se lo reincorpore a su cargo de Profesor Titular (interino) con dedicación semi-exclusiva de las asignaturas Economía I de la carrera de Ciencias Políticas; Introducción a la Economía de la carrera Comunicación Social y Economía II de la carrera Licenciatura en Turismo, como así también se le liquiden correctamente sus haberes al mes de julio de 2007 y salarios caídos posteriores. Precisa que hace más de veinte años desempeña esos cargos docentes de manera regular y constante y que en el mes de julio de 2007 le fueron reducidos en forma arbitraria sus haberes, para luego --lo que resultó más grave y degradante-- ser despedido sin notificación alguna, impidiéndosele el ingreso a las aulas y el dictado de clases. Pone de resalto que es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Riojana de Docentes Universitarios - A.R.D.U. desde el 14 de octubre de 2005.

     El amparo fue resuelto el 23 de noviembre de 2007 por el Juez Federal de La Rioja, Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, haciendo lugar parcialmente a la demanda y condenando a la UNLAR a abonar la diferencia de haberes percibidos por el amparista originados en la reducción de su dedicación horaria como docente interino de esa casa de estudios, pero rechazó la de ser restituido al cargo que ocupó hasta entonces.

     La UNLAR y el profesor Ruiz interpusieron recurso de apelación contra esta sentencia, lo que motivó la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

     Este Tribunal resolvió “Revocar el fallo apelado en todo cuanto dispone y ha sido materia de agravios y en consecuencia rechazar el reclamo del docente, en lo que hace a la diferencia de haberes por reducción de carga horaria en el dictado de las materias a su cargo por el período 1-7-07 a 12-8-07. Asimismo, declara “arbitraria e ilegítima la omisión de la Universidad de pronunciarse sobre la situación de revista del actor en relación al segundo cuatrimestre del pasado año lectivo, e impedirle materialmente el dictado de clases”. También el Tribunal manda a “pagar en concepto de lucro cesante, las sumas que el actor, de haber continuado en la misma situación de revista que ostentaba al 12-8-07 (última fecha en que se desempeñó como docente) hubiera percibido hasta la finalización del ciclo lectivo 2007”.

     Dispone, también, que “en relación al actual período lectivo, antes de su inicio y dentro del plazo de diez días de notificada la presente resolución deberá la demandada emitir el correspondiente acto administrativo debidamente motivado y fundado que resuelva la situación de revista del accionante respecto de las asignaturas objeto de la litis”.

SERIAS ADVERTENCIAS

     En su sentencia, el Tribunal advierte que “...el obrar de la Universidad (…) no se encuentra a tono con el principio de juridicidad que debe presidir el ejercicio de la función administrativa en un Estado de Derecho. Es poco menos que agraviante, que un docente Titular de una universidad pública con un desempeño de aproximadamente veinte años, deba peregrinar por la universidad solicitando se le aclare cuál es su situación de revista y en su caso, qué la motiva. Y sin obtener, no obstante, respuesta alguna. Es así que nos encontramos ante una vía de hecho administrativa, entendida como un comportamiento material de la Administración violatoria de derechos o garantías constitucionales en forma flagrante, manifiesta o grosera...”

     Agrega de seguido que “....Este agravio recibido por el actor, no resulta tolerable por ningún ciudadano, independientemente que el señor Ruiz tuviera o no tutela sindical, puesto que como ya lo hemos referido, no ha existido un acto administrativo expreso que dispusiera la no renovación del interinato por encontrarse excedido en edad el actor, como sostiene la demandada. Pese a que –como se ha dicho-- los interinatos configuran una situación jurídica precaria, ello no implica que estén sujetas a autoritarismos infundados o que en su configuración se actúe con caprichosa arbitrariedad de sometimiento a los dependientes...”

     Precisa que “...La solución que se habrá de adoptar transita exclusivamente porque la Universidad ha obrado en forma abiertamente ilegítima, al haber materialmente impedido la continuación del interinato del actor, sin acto administrativo alguno que así lo dispusiera, en el marco de una relación de empleo público regida por el derecho administrativo...”

“...En cuanto a la solicitud de haberes caídos, al no haber mediado la correspondiente contraprestación, tal concepto resulta inapropiado. Ahora bien, es evidente, que más allá del nomen iuris, el actor arbitrariamente se ha visto privado de ejercer su actividad docente. Por lo tanto, ha existido un verdadero perjuicio patrimonial, un verdadero lucro cesante al que este tribunal no le resulta indiferente. Por tal motivo, resulta razonable mandar a pagar en tal concepto, las sumas que el actor, de haber continuado en la misma situación de revista que ostentaba al 12-8-07 (última fecha en que se desempeñó como docente) hubiera percibido hasta la finalización del ciclo lectivo 2007. De ahí en más, y para el actual período lectivo, deberá la demandada emitir el correspondiente acto administrativo que en forma fundada resuelva la situación de revista del accionante...”

     El Dr. Ignacio María Vélez Funes agregó: “...Incluso no se ha explicado por acto administrativo expreso por la autoridad universitaria la razón de pérdida de excelencia académica o motivos por los cuales el señor Julio César Ruiz a partir del 12 de agosto de 2007 no resulta necesario como docente titular de la Universidad de La Rioja aún cuando hubiese cumplido 65 años de edad el 20 de abril de 2007. Esta edad no es impedimento legal absoluto para continuar en la actividad docente cuando no se ha explicado sobre las necesidades de las exigencias académicas y tampoco se ha nombrado un reemplazante para hacerse cargo de esa asignatura según las constancias de autos. No puedo, con las pruebas incorporadas a la causa, asegurar o atribuir que exista un intención encubierta o finalidad encubierta en perjuicio de Julio César Ruiz por su actividad sindical como docente en la Universidad Nacional de La Rioja, pero sí resulta altamente sugestivo y no explicable debidamente frente al silencio y relato precedentemente expuesto, más teniendo en cuenta las prácticas habituales al respecto en cualquier universidad nacional del país...”, subraya el magistrado.

 

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