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La inversión educativa, a foja cero

 

Por: Juan J. Llach

    La reciente publicación del Indec de las nuevas cuentas nacionales obligará, una vez más, a revisar historias y relatos.

     Una de las tristes novedades es que quedó largamente incumplido el espíritu de la meta de la ley de financiamiento educativo , promulgada en 2006, de llegar a invertir, en 2010, un 6% del producto bruto interno (PBI) en educación, ciencia y tecnología. Hasta ahora se afirmaba haberla incluso superado, llegando a un 6,2%, pero la nueva verdad es que sólo se llegó al 4,94% del PBI, un faltante de poco más de 1% o unos 40.000 millones de pesos a valores de hoy. Quizá lo más sorprendente sea enterarse de que el porcentaje invertido es casi idéntico al del período 1999-2001. Década perdida, pues, en esta materia.

     La novedad surge porque el PBI total en moneda corriente es ahora mucho mayor que en la versión anterior de las cuentas nacionales. Para 2010, por ejemplo, es 1.810.282 millones de pesos (o sea, cerca de dos billones) contra 1.442.655 millones estimados antes. La principal causa de tamaña diferencia es que el Indec reconoce que la inflación verdadera fue mucho más parecida a lo que decíamos casi todos -algunos a costa de persecuciones- que a su versión oficial. Se ha verificado otra vez aquello de que la mentira tiene patas cortas, porque la gran confusión en la que vivimos con las estadísticas económicas y sociales, que como se ve ha llevado a graves errores de las políticas, se originó en febrero de 2007, cuando se ordenó al Indec, una institución hasta entonces prestigiosa, que comenzara a falsear la realidad.

     Aunque habrá que analizar todavía a fondo muchos detalles, la revisión presentada ahora es bienvenida, en tanto al menos refleja mejor la inflación. Actualizaciones de las cuentas nacionales como la presentada por el Indec son convenientes y habituales en todos los países para reflejar realidades económicas siempre cambiantes. Pero en otros lugares ni se miente tanto con las estadísticas ni se demora tanto su publicación, y por ello no se crean problemas tan serios. Baste mencionar que los nuevos datos se basan en el censo económico de 2004-5 y se publican casi diez años después, más del doble de lo habitual en otros países.

     En lo referido específicamente a la educación, hay varias consecuencias relevantes. Una es que queda desmentida la tesis eficientista de que en este siglo "invertimos mucho y no hubo resultados". Sigue siendo cierto que los resultados educativos en escolarización y en graduación han sido escasos y que hubo retrocesos en la calidad de los aprendizajes. Pero ahora también sabemos que el esfuerzo social para financiar la educación pública en proporción a los ingresos disponibles ha sido, en lo que va del siglo, mucho menor de lo que se creía y similar al de hace quince años.

     También queda claro que fue un error no prorrogar la ley de financiamiento, al vencer en 2010 de la mayoría de sus mandatos o, lo que hubiera sido mucho mejor, no hacer una nueva ley que corrigiera los varios defectos de la 26.075 de 2005, especificando mejor las metas y asociando a su logro la asignación de los mayores recursos.

     Con inveterado optimismo podría decirse que este lamentable episodio abre a nuestra dirigencia toda, y muy especialmente a la política, una nueva oportunidad para acusar el impacto, dar a la educación la prioridad que se merece y que se proclama pero nunca se cumple, pensar qué nos proponemos para la educación en la Argentina en los próximos diez o veinte años, qué metas nos fijamos, qué prioridad daremos a los más necesitados para superar la segregación social en la educación o qué nueva escuela media diseñaremos para estar a la altura del siglo.

     Es tan equivocado pensar que con sólo más recursos se mejorarán los resultados educativos como argüir que no es necesario invertir más para lograrlos.

     Al respecto, vengo insistiendo en que ya mismo debería estarse discutiendo un proyecto que asigne a la educación y a la salud la totalidad de las rentas fiscales que se obtengan de los recursos naturales no renovables, teniendo en cuenta principalmente los muy cuantiosos que podrían surgir de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, cuyo riesgo de derroche es inmenso.

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