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Proyecto de reforma de la Ley de Educación Superior, nota de Página 12‏

Proyecto de educación y comisión especial en diputados

http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-100369-2008-03-09.html

Todos hablan de la nueva ley

     Para reemplazar la Ley de Educación Superior sancionada por el menemismo, el ministerio preparó un proyecto que llega esta semana a la Presidenta. Impide arancelar y sostiene la autonomía, aunque abre su discusión.

Por Javier Lorca y Julián Bruschtein

     Fallida el año pasado, la reforma del marco legal del sistema universitario volvió a encauzarse en la última semana. El Ministerio de Educación está terminando de definir un proyecto que, en los próximos días, le presentará a la Presidenta. En reemplazo de la Ley de Educación Superior (LES) sancionada en 1995 –bajo el menemismo y ante el amplio rechazo de la comunidad académica– la nueva norma garantizará la gratuidad de las carreras –revirtiendo la posibilidad de arancelar– y la autonomía universitaria, aunque la someterá a discusión. En simultáneo, el tema fue recuperado por la Cámara de Diputados, que acaba de crear una comisión específica para tratar los proyectos legislativos y, desde este miércoles, empezará a recibir a los universitarios y a otros sectores sociales.

     El proyecto general de ley universitaria que llegará a manos de Cristina Kirchner fue elaborado por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) tomando las diversas propuestas presentadas por varias universidades, por el CIN (el consejo que integran los rectores de casas de estudios públicas), el CRUP (el consejo de rectores de universidades privadas), la Federación Universitaria Argentina (la FUA, la organización estudiantil que conduce Franja Morada), por los gremios docentes y varios legisladores nacionales. El compromiso del Gobierno era modificar el marco de la educación superior en 2007, pero nunca se hizo, entre otras cosas porque las elecciones nacionales se llevaron toda la atención política.

     El titular de la SPU, Alberto Dibbern, analizará la propuesta esta semana con el ministro Juan Carlos Tedesco y luego se la elevarán a la Presidenta. Por ahora, el proyecto de la SPU incluye una serie de lineamientos generales. El propósito oficial es definir el articulado después de recibir los aportes del Ejecutivo y de abrir una instancia de debate con representantes de la comunidad académica. Para mediados de año ese proyecto oficial llegaría al Congreso.

     Según adelantaron funcionarios de Educación a Página/12, las principales diferencias entre el proyecto y la vigente LES son las siguientes:

-Autonomía. La nueva norma será “menos reglamentarista” , atendiendo una vieja imputación a la Ley 24.521 por sus avances sobre la vida interna de las instituciones. El respeto a la autonomía quedará plasmado en la ley, pero se buscará contemplar herramientas para que el Estado pueda orientar políticas educativas. Esa tensión entre la autonomía y las necesidades de un “proyecto nacional” promete ser uno de los ejes del debate por la reforma. La intención oficial quedó clara en el discurso de Cristina Kirchner en la apertura de las sesiones del Congreso: no sólo anunció que este año se sancionará una nueva ley para el sector, sino que también habló de reformular el concepto de autonomía, de “articular lo académico y lo económico como hacen las grandes sociedades desarrolladas” , y de “devolverles a quienes sostienen la universidad pública y gratuita, al pueblo... herramientas para la generación de riqueza”.

- Gratuidad. Se garantizará la gratuidad de la enseñanza en las carreras de grado, cerrándole la puerta al arancelamiento, que así quedaría confinado al posgrado.

- Evaluación. Con respecto a la evaluación de la calidad de la educación superior, el Gobierno pretende sostener a la Coneau, la agencia pública que examina y acredita a las carreras. Un debate seguro se dará con las universidades privadas, ya que el CRUP planteó su interés por habilitar la creación de otras agencias de evaluación, algo que Educación y el sistema público rechazan. Lo que sí se buscaría modificar es la actual constitución de la Coneau, hoy bajo excesiva injerencia del poder político.

- Cogobierno. El gobierno compartido por profesores, graduados, alumnos y no docentes también se explicitará en la norma, estipulando que debe haber mayoría docente. Con algún mecanismo por definir, la SPU pretende enfrentar el problema de la “ciudadanía universitaria” en el claustro de profesores, es decir, quiénes tienen derecho a votar. Como sólo pueden elegir representantes los profesores concursados, es habitual que las autoridades académicas manejen discrecionalmente los llamados a concursos. La SPU planea dotar de ciudadanía a los profesores interinos con determinada antigüedad, para contrarrestar el control de los padrones.

     “La idea es abrir un debate muy amplio, con la mayor cantidad de participantes posible, para que la ley contenga a la sociedad. Si no, la universidad se piensa sólo a sí misma”, dijo a este diario la diputada Adriana Puiggrós (FpV), presidenta de la comisión de educación de la Cámara baja. En ese ámbito, la semana pasada se creó una subcomisión para tratar los proyectos de ley de educación superior, que se reunirá todos los miércoles. Para el próximo está previsto un encuentro con el CIN, luego otro con el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y para el 9 de abril otro con el CRUP.

Posiciones frente a la reforma de la ley

http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-100370-2008-03-09.html

Lo que dicen los sectores

Por Julián Bruschtein

     En la comunidad universitaria nacional, la mayoría de los sectores están a favor de la derogación de la actual Ley de Educación Superior, aunque existen matices y enfrentamientos en cuanto a las líneas que deberían ser ejes de la futura norma. Aquí, las posiciones al interior del movimiento estudiantil y los gremios docentes.-

- FUA. “Si la ley la van a elaborar sólo los legisladores, como en los ’90, vamos mal –dijo a este diario el presidente de la Federación Universitaria Argentina, Mariano Marquínez, de Franja Morada–. La nueva ley tiene que ser el resultado de la deliberación de los diferentes sectores universitarios: estudiantes, docentes y no docentes, y debe ser consensuada con la sociedad. Estamos dispuestos a discutir y a proponer las necesidades del sector estudiantil. Pero esto no tiene que ser una excusa para atacar la autonomía.”

- FUA II. “Estamos de acuerdo en la derogación de la ley –contó Sebastián Tapia Jácamo, secretario general de la FUA, de filiación kirchnerista– . Pero entendemos que la ley por sí sola no va a resolver la crisis universitaria. Tiene que ser la sociedad de cada región la que defina de qué forma la universidad le devuelve la inversión que hace en ella. Si la autonomía hace que la universidad se desvincule del pueblo, quiere decir que no sirve. El problema es que la universidad está conducida por un sistema conservador que se aleja cada vez más de la sociedad.”

- FUBA. “Esto es una estafa. Detrás de determinadas ramas de la producción están puestas las expectativas del Gobierno con la futura ley –dijo Cristian Henkel (PO), copresidente Federación Universitaria de Buenos Aires–. Por ejemplo en la UBA se han triplicado las pasantías y se han difundido prácticas pre profesionales sin remuneración, es decir que este proceso productivo lo que plantea sobre la universidad es mano de obra capacitada barata o gratuita para determinadas empresas.”

- Docentes. Los tres gremios del sector, Conadu y Conadu Histórica (ambas de la CTA) y Fedun (de la CGT) coinciden en que la nueva ley garantice un presupuesto adecuado, así como una carrera docente que dé mayor estabilidad a los profesores. También sostienen –con diferencias entre sí– que el sistema de evaluación y acreditación, que hoy se realiza a través de la Coneau, debe cambiarse hacia un proceso de autoevaluación, con mayor presencia académica entre sus integrantes.

 

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